PRESIDENTE REGIONAL JAVIER ALVARADO A LA HORCA POR LADRÓN

• ACUSADO DE LEVANTARSE MÁS DE 3 MILLONES SIENDO ALCALDE DE LUNAHUANÁ.
• LA CANTERA LE PREPARA UNA CELDA CON SIETE LLAVES.
• FAITES SE SORTEAN PARA HACER LOCACIÓN DE SERVICIOS CON ÉL.
• REGIDORES DE ENTONCES EN LA COLADA POR CONVALIDAR ROBO.
• ACTUAL GERENTE GENERAL DEL GRL LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ ESTRELLA TAMBIÉN SACÓ LA SUYA, SIN TRABAJAR.
• PRENSA PROSTITUTA GUARDA MUY BIEN PAGADO SILENCIO.
• DON SATA MUEVE LA COLA Y HECHA MÁS LEÑA AL FUEGO.

El colusionador Javier Alvarado,

quien a Lunahuaná, a Cañete

y a la región Lima ha robado,

pareciera que estuviera misio;

pero es que además de puñete,

lo tiene todo encaletado.

Y por alargar tanto el juicio,

de tantos, le queda sólo un abogado,

quien de dejarle por ahogado, 

pobrecito, le pondrán uno de oficio.

Pero, aunque haga lo que quiera,
igual se irá preso a La Cantera.

La horca está lista, pero no es que lo colgarán de un árbol, como se hacía en el Viejo Oeste con los cuatreros y asaltantes de bancos y diligencias, y contra los traidores que disparaban por la espalda; pero, si, efectivamente, se hace justicia, a este asaltante de entidades públicas y traidor de la voluntad popular, lo condenarán a pasar un largo tiempo en La Cantera, no de esas donde se hacían trabajos forzados (pues hacerle trabajar e este tipejo sería como condenarlo a muerte), sino en la prisión donde pueda pagar su deuda con la sociedad. Viendo al árbol caído, sus propios chupamedias le negarán tantas veces y harán leña con él, pues, sinvergüenzas como son, intentaran subirse al carro de quien le suceda en el poder. Ojalá que esta oveja descarriada decida apartarse del mal, en

el tiempo suficiente que tendrá para reflexionar, biblia en mano, de todo el daño que ha hecho siendo autoridad elegida por el voto popular. Habrá que ver si Dios tiene piedad de su alma y no lo manda al infierno eterno.

Sus solicitudes de Habeas Corpus (declarados infundados, uno en Chincha y otro en el Callao) y las cómicas “renuncias” de sus abogados, fueron sus últimos manotazos de ahogado para evitar el inicio del juicio oral en la que le toca estar sentado en el banquillo de los acusados, enfrentando una acusación por haberse levantado más de tres millones de nuevos soles cuando era alcalde del distrito de Lunahuaná, de la provincia de Cañete. Cualquier acto dilatorio que haga, solamente alargaría su agonía; la cárcel la espera con las rejas abiertas, así como un faite dispuesto a hacer negocios con él.

En su intento de postergar una y otra vez, el inicio del juicio oral, parte de su estrategia fue la renuncia e inasistencia de sus abogados a las audiencia citada del 20 de agosto; y el 26 de agosto, el abogado que le quedaba, se sumó al pedido de uno de los co-inculpados de postergar el inicio del juicio oral por haber cambiado su abogado por uno de su elección y requerir de un tiempo para que estudie el expediente (aunque su nuevo abogado no asistió). De todas formas, el acusado Javier Alvarado consiguió alargar su agonía unos días más.

En su afán de continuar dilatando el proceso penal que se le sigue en su contra, al aún presidente regional Javier Alvarado Gonzales Del Valle le queda sólo un abogado, después del montón que han desfilado por sus expedientes, para sangrarle su dinero, del cual forma parte el dinero mal habido. Tantos abogados solamente le ampliaron su agonía, pues ante lo indefendible del acusado, lo han abandonado, pues no hay forma de impedir que el cuerpo de este desahuciado vaya a congelarse por un buen tiempo en La Cantera, que es lo justo que se quiera, además de que devuelva lo sustraído y pague la resarcitoria reparación civil, por el grave daño que le ha ocasionado al mencionado distrito. Aunque su estrategia de dilatar el proceso penal, le haya permitido seguir robando los recursos del Estado, como alcalde provincial de Cañete (caso FINVER) y ahora como presidente regional.

Y por supuesto que robar también es gastar sin sustento, efectuar gastos sobrevaluados y gastos innecesarios, como los pagos a la prensa prostituta, mermelera y comodina, que en nada le beneficia a la región y que con tanta plata que sale por ese concepto se puede multiplicar los alimentos de tantos niños y ancianos sumidos en pobreza extrema de nuestras zonas periféricas y andinas.

Pero, el tiempo se acabó, pues el Juez ha citado para el 5 de setiembre, a las doce del medio día, con carácter de inaplazable, la instalación del juicio oral; y ante el pedido de reprogramación del abogado de otro acusado por tener programado un evento de carácter académico, y del abogado de Javier Alvarado, por tener otra diligencia en la Corte Suprema, el Juez ha dispuesto que la defensa se puede llevar de manera corporativa y que no se puede modificar las horas a conveniencia de los abogados. Bien el Juez, pues, sino, siendo diez los acusados, los mismos o cualquier otro pueden seguir pidiendo tiempo y más tiempo, lo que no se puede permitir. Entonces, comienza el fin de este sujeto que tanto daño viene haciendo al gobierno regional de Lima, aunque su juzgamiento sea por hechos cometidos cuando fue alcalde del distrito de Lunahuaná, de la provincia de Cañete.

La justicia tarda, pero llega; porque hay autoridades rescatables en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, así como valientes y perseverantes ciudadanos que están haciendo las denuncias y los seguimientos de los procesos para, finalmente, hacer que las autoridades que han osado meter las uñas y los dientes al presupuesto público que el pueblo les ha confiado, deban purgar condena y devolver lo robado, aunque gran parte ya se lo hayan tragado. 

HECHOS ATRIBUIDOS:

Cabe recordar que el acusado Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle afronta una acusación fiscal por ser el autor del delito de COLUSIÓN  y, alternativamente,  por el delito de MALVERSACIÓN DE FONDOS, y por el delito de PECULADO DOLOSO, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná y del Estado.

Se acusa a Javier Alvarado, siendo alcalde distrital de Lunahuaná (periodo 1999 al 2002), haber concertado con su co-acusado Rubén Esteban Falcón Tenorio, Gerente General de la Empresa Asesores & Consultores REFTEN SAC, suscribiendo un Contrato de Locación de Servicios para la prestación de Servicios de Fiscalización Selectiva de Tributos, siendo tanto la contratación como el pago realizado a esta parte irregular e ilícito; para lo cual habría transgredido las Normas Internas de Tesorería y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado por D.S, Nº 012 y 013-2011-PCM, como es la necesidad de la existencia de requerimientos de adquisición de contratación por las unidades competentes y efectuar los estudios de las posibilidades que ofrece el mercado, la disponibilidad de los recursos y el proceso selección mediante el cual se realizará. Habiéndose, además, simulado el supuesto concurso público para la designación del ejecutor coactivo, teniendo como resultado un embargo por parte de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VENTISIETE Y 11/100 NUEVOS SOLES, los cuales habría destinado una parte a la empresa contratada y el resto en la inversión de presuntas obras, las que no cuentan con documentación sustentatoria, habiéndose, en forma irregular realizado los gastos así como tramitado los pagos, poniendo en evidencia la concertación con la citada empresa; para lo cual habría contado con la participación de los regidores de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná, quienes han alegado haber participado de la aprobación del contrato con la Empresa REFTEN SAC y haberse llevado un concurso público de méritos para la designación de Ejecutor Coactivo, el cual no se habría llevado a cabo, siendo actos fraudulentos para favorecer al contubernio de la citada empresa con el acusado Javier Alvarado Gonzales del Valle.

Los hechos ocurrieron el último año de la gestión municipal, habiendo su sucesora Elizabeth Canales Aybar (2003 – 2006) indicado que no se relevó fondos con el acusado Javier Alvarado Gonzales del Valle, habiendo recibido una deuda de S/. 6,558.00 nuevos soles; habiendo recibido algunas obras inconclusas como la loza deportiva del anexo Uchupampa y la compra de un terreno en Lucmo que se encuentra en litigio judicial.

 

Respecto a la Empresa Asesores & Consultores REFTEN SAC, fue fundada en la ciudad de Lima el 02 de setiembre de 1998, siendo sus accionistas Jessie Mireyra Herrera Ruiz y Rubén Esteban Falcón Tenorio, quien desempeñó el cargo de Gerente General. Aunque el objeto social de esta empresa fue la fiscalización tributaria y las recaudaciones y recuperaciones para entidades públicas y privadas; sin embargo, es preciso tener en cuenta un hecho especial, que esta empresa obtuvo su RUC el 04 de enero del 2002, cuando obtiene autorización para emitir comprobantes de pago; es decir, tres años y cuatro meses después de haberse fundado, esta empresa recién inició sus operaciones comerciales. Para el 24 de octubre del 2003, se inscribió en los Registros Públicos el Acuerdo de Disolución y Liquidación de dicha empresa; o sea, estuvo hábil para desarrollar actividades comerciales solamente un año y nueve meses; estando en la actualidad con baja de oficio y con domicilio fiscal no hallado.

Luis Enrique Fernández Estrella
 también sacó su mordida

Además, se le atribuye al acusado Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle, que en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná, haber ordenado al entonces Tesorero de dicha comuna, Eco. Rolando Luyo Alcala, el pago a LUIS ENRIQUE FERNANDEZ ESTRELLA por la suma de S/. 14,400.00 (catorce mil cuatrocientos nuevos soles), por concepto de asesoría legal externa que habría realizado, pero que no existe documentación que efectivamente se prestó este servicios. En efecto, mediante el contrato de locación de servicios no personales suscrito entre la Municipalidad Distrital de Lunahuaná y Luis Enrique Fernández Estrella, de fecha 02 de enero del 2000, se acordó que dicha persona iba a realizar asesoramiento legal externo en materia judicial y administrativa por el periodo del 02 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2002 (tres años), por la suma de S/. 600.00 mensuales, servicios que no se encuentran acreditados por los años 2000 y 2001; estando incurso en este delito el Tesorero por haber realizado el desembolso de S/. 14,400.00 sin que exista documentación que sustente la prestación efectiva de los servicios por dichos dos años.

CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES

Sobre el trabajo realizado por la empresa Asesores & Consultores – REFTEN SAC se advierte que el 11 de septiembre del 2002 emitió a la Municipalidad Distrital de Lunahuaná dos informes de fiscalización en torno a la Empresa Telefónica de Perú SAA elaborados por el CPC Luis Alberto Beltrán Saavedra,  el primero referido  a la fiscalización del tendido de cables y colocación de postes, y el segundo informe a la fiscalización de antenas, que luego de las liquidaciones, resoluciones de determinación y resoluciones de multa, se trabó embargo, vía ejecución coactiva por la suma de S/. 3´489,027.11, ocurrido en el año 2002, último año de gestión como alcalde distrital de Javier Alvarado.

Se simuló un concurso público para la designación de un Ejecutor Coactivo, el cual en realidad no se realizó y fue contratado en forma directa conforme o ha manifestado el propio  ejecutor coactivo designado, vulnerando lo dispuesto por el inciso 7.1 el artículo 7 de la Ley Nº 26979 – Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, del 23 de setiembre de 1998, que establece el concurso público como requisito indispensable para la designación del ejecutor coactivo.

Así mismo, se aplicó un TUPA y un RAS no vigentes a la fecha de la ejecución de los trabajos realizados por Telefónica del Perú SAA, años 1996 y 1997; aplicándose el TUPA 2001 el cual no se encontró en los archivos de la Municipalidad ni fue ratificado por la Municipalidad Provincial de Cañete, evidenciándose los medios fraudulentos utilizados.

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES:

Elaboración de documentos como Resolución de Alcaldía Nº 050-A-2002-MDL, del 03 de Julio del 2002, el Acuerdo de Concejo Nº 003-2002-MDL, del 18 de Julio del 2002, y la Resolución de Alcaldía Nº 066-A-2002-MDL, del 16 de Septiembre del 2002, para acreditar o probar la realización de un Concurso Público para la designación de Lisandro Ricardo Zapata Corrales como ejecutor coactivo de la Municipalidad; así como la aplicación de un TUPA y un RAS elaborado con posterioridad a hechos pasados, evidenciándose actos fraudulentos para el cometido final.

Del embargo a la Empresa Telefónica del Perú por la suma de S/. 3´489,027.11 nuevos soles, la empresa REFTEN SAC se llevó S/. 1´221,153.45 nuevos soles. Del restante que le correspondió a la Municipalidad Distrital de Lunahuaná de S/. 2´267,873.66 nuevos soles, se encuentra sustentado en gastos solamente S/. 252,748.40 nuevos soles, de lo que se infiere la cantidad de S/. 3´236,278.71 nuevos soles como el perjuicio ocasionado a la Municipalidad Distrital de Lunahuaná, monto que comprende el dinero indebido pagado a la empresa REFTEN SAC y el monto que no se ha acreditado haber sido utilizado en obras proyectadas y ejecutadas, conforme lo corroborado en el peritaje contable.

TIPIFICACIÓN, PENA, REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS:

El Fiscal Provincial ha acusado a Javier Alvarado por el delito de COLUSIÓN Y PECULADO DOLOSO, previstos en los artículos 384 y 387 del Código Penal, solicitando 11 años de pena privativa de la libertad, una reparación civil de S/. 70,000.00 a favor de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná, además de inhabilitación de tres años. Y para quien fuera Gerente General de REFTEN SAC, Esteban Falcón Tenorio, le sigue con mayor pena propuesta. El Fiscal Provincial ha pedido para este acusado del delito de COLUSIÖN, seis años de pena privativa de la libertad y S/. 50,000.00 nuevos soles. Son en total diez los acusados en este recaudicidio, quienes tendrán que afrontar un juicio oral que, por lo menos a Javier Alvarado y a Rubén Falcón Tenorio, lo deben condenar con prisión efectiva.   

Es que el crimen no paga, tarde o temprano, la justicia; aunque generalmente tarde por la corrupción manifiesta en las autoridades encargadas de hacer justicia. La aplicación del nuevo código procesal penal, es un cojudeo, pues si bien antes los casos se hacían una eternidad en el poder judicial, ahora, la eternidad se manifiesta en el Ministerio Público, donde los fiscales, tratan a los imputados según el tamaño de sus billeteras.

El proceso penal contra Javier Alvarado seguramente será tomado como un caso académico en las escuelas de derecho, por ser uno de los más largos de la historia penal, y por las tinterilladas que le han permitido evadir a la justicia por tanto tiempo y postergar su ingreso a la cárcel; pero, como ejemplo académico, no podría terminar en una absolución ni en una pena benigna frente a una acusación penal sobre el cual merece una condena ejemplarizadora. Estamos a la espera de que se haga justicia.