La
horca está lista, pero no es que lo colgarán de un árbol, como se hacía en el
Viejo Oeste con los cuatreros y asaltantes de bancos y diligencias, y contra
los traidores que disparaban por la espalda; pero, si, efectivamente, se hace
justicia, a este asaltante de entidades públicas y traidor de la voluntad
popular, lo condenarán a pasar un largo tiempo en La Cantera, no de esas donde
se hacían trabajos forzados (pues hacerle trabajar e este tipejo sería como
condenarlo a muerte), sino en la prisión donde pueda pagar su deuda con la
sociedad. Viendo al árbol caído, sus propios chupamedias le negarán tantas
veces y harán leña con él, pues, sinvergüenzas como son, intentaran subirse al
carro de quien le suceda en el poder. Ojalá que esta oveja descarriada decida
apartarse del mal, en
el tiempo suficiente que tendrá para reflexionar, biblia
en mano, de todo el daño que ha hecho siendo autoridad elegida por el voto
popular. Habrá que ver si Dios tiene piedad de su alma y no lo manda al
infierno eterno.
Sus
solicitudes de Habeas Corpus (declarados infundados, uno en Chincha y otro en
el Callao) y las cómicas “renuncias” de sus abogados, fueron sus últimos
manotazos de ahogado para evitar el inicio del juicio oral en la que le toca
estar sentado en el banquillo de los acusados, enfrentando una acusación por
haberse levantado más de tres millones de nuevos soles cuando era alcalde del
distrito de Lunahuaná, de la provincia de Cañete. Cualquier acto dilatorio que
haga, solamente alargaría su agonía; la cárcel la espera con las rejas
abiertas, así como un faite dispuesto a hacer negocios con él.
En
su intento de postergar una y otra vez, el inicio del juicio oral, parte de su
estrategia fue la renuncia e inasistencia de sus abogados a las audiencia
citada del 20 de agosto; y el 26 de agosto, el abogado que le quedaba, se sumó
al pedido de uno de los co-inculpados de postergar el inicio del juicio oral
por haber cambiado su abogado por uno de su elección y requerir de un tiempo
para que estudie el expediente (aunque su nuevo abogado no asistió). De todas
formas, el acusado Javier Alvarado consiguió alargar su agonía unos días más.
En
su afán de continuar dilatando el proceso penal que se le sigue en su contra,
al aún presidente regional Javier Alvarado Gonzales Del Valle le queda sólo un
abogado, después del montón que han desfilado por sus expedientes, para
sangrarle su dinero, del cual forma parte el dinero mal habido. Tantos abogados
solamente le ampliaron su agonía, pues ante lo indefendible del acusado, lo han
abandonado, pues no hay forma de impedir que el cuerpo de este desahuciado vaya
a congelarse por un buen tiempo en La Cantera, que es lo justo que se quiera,
además de que devuelva lo sustraído y pague la resarcitoria reparación civil,
por el grave daño que le ha ocasionado al mencionado distrito. Aunque su
estrategia de dilatar el proceso penal, le haya permitido seguir robando los
recursos del Estado, como alcalde provincial de Cañete (caso FINVER) y ahora
como presidente regional.
Y
por supuesto que robar también es gastar sin sustento, efectuar gastos
sobrevaluados y gastos innecesarios, como los pagos a la prensa prostituta,
mermelera y comodina, que en nada le beneficia a la región y que con tanta
plata que sale por ese concepto se puede multiplicar los alimentos de tantos
niños y ancianos sumidos en pobreza extrema de nuestras zonas periféricas y
andinas.
Pero,
el tiempo se acabó, pues el Juez ha citado para el 5 de setiembre, a las doce
del medio día, con carácter de inaplazable, la instalación del juicio oral; y
ante el pedido de reprogramación del abogado de otro acusado por tener
programado un evento de carácter académico, y del abogado de Javier Alvarado,
por tener otra diligencia en la Corte Suprema, el Juez ha dispuesto que la
defensa se puede llevar de manera corporativa y que no se puede modificar las
horas a conveniencia de los abogados. Bien el Juez, pues, sino, siendo diez los
acusados, los mismos o cualquier otro pueden seguir pidiendo tiempo y más
tiempo, lo que no se puede permitir. Entonces, comienza el fin de este sujeto
que tanto daño viene haciendo al gobierno regional de Lima, aunque su
juzgamiento sea por hechos cometidos cuando fue alcalde del distrito de
Lunahuaná, de la provincia de Cañete.
La
justicia tarda, pero llega; porque hay autoridades rescatables en el Ministerio
Público y en el Poder Judicial, así como valientes y perseverantes ciudadanos
que están haciendo las denuncias y los seguimientos de los procesos para,
finalmente, hacer que las autoridades que han osado meter las uñas y los
dientes al presupuesto público que el pueblo les ha confiado, deban purgar
condena y devolver lo robado, aunque gran parte ya se lo hayan tragado.
HECHOS
ATRIBUIDOS:
Cabe
recordar que el acusado Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle afronta una
acusación fiscal por ser el autor del delito de COLUSIÓN y, alternativamente, por el delito de MALVERSACIÓN DE FONDOS, y
por el delito de PECULADO DOLOSO, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de
Lunahuaná y del Estado.
Se
acusa a Javier Alvarado, siendo alcalde distrital de Lunahuaná (periodo 1999 al
2002), haber concertado con su co-acusado Rubén Esteban Falcón Tenorio, Gerente
General de la Empresa Asesores & Consultores REFTEN SAC, suscribiendo un
Contrato de Locación de Servicios para la prestación de Servicios de
Fiscalización Selectiva de Tributos, siendo tanto la contratación como el pago
realizado a esta parte irregular e ilícito; para lo cual habría transgredido
las Normas Internas de Tesorería y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento aprobado por D.S, Nº 012 y 013-2011-PCM, como es la
necesidad de la existencia de requerimientos de adquisición de contratación por
las unidades competentes y efectuar los estudios de las posibilidades que ofrece
el mercado, la disponibilidad de los recursos y el proceso selección mediante
el cual se realizará. Habiéndose, además, simulado el supuesto concurso público
para la designación del ejecutor coactivo, teniendo como resultado un embargo
por parte de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná por la suma de TRES
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VENTISIETE Y 11/100 NUEVOS SOLES,
los cuales habría destinado una parte a la empresa contratada y el resto en la
inversión de presuntas obras, las que no cuentan con documentación
sustentatoria, habiéndose, en forma irregular realizado los gastos así como
tramitado los pagos, poniendo en evidencia la concertación con la citada
empresa; para lo cual habría contado con la participación de los regidores de
la Municipalidad Distrital de Lunahuaná, quienes han alegado haber participado
de la aprobación del contrato con la Empresa REFTEN SAC y haberse llevado un
concurso público de méritos para la designación de Ejecutor Coactivo, el cual
no se habría llevado a cabo, siendo actos fraudulentos para favorecer al
contubernio de la citada empresa con el acusado Javier Alvarado Gonzales del
Valle.
Los
hechos ocurrieron el último año de la gestión municipal, habiendo su sucesora
Elizabeth Canales Aybar (2003 – 2006) indicado que no se relevó fondos con el
acusado Javier Alvarado Gonzales del Valle, habiendo recibido una deuda de S/.
6,558.00 nuevos soles; habiendo recibido algunas obras inconclusas como la loza
deportiva del anexo Uchupampa y la compra de un terreno en Lucmo que se
encuentra en litigio judicial.
Respecto
a la Empresa Asesores & Consultores REFTEN SAC, fue fundada en la ciudad de
Lima el 02 de setiembre de 1998, siendo sus accionistas Jessie Mireyra Herrera
Ruiz y Rubén Esteban Falcón Tenorio, quien desempeñó el cargo de Gerente
General. Aunque el objeto social de esta empresa fue la fiscalización
tributaria y las recaudaciones y recuperaciones para entidades públicas y
privadas; sin embargo, es preciso tener en cuenta un hecho especial, que esta
empresa obtuvo su RUC el 04 de enero del 2002, cuando obtiene autorización para
emitir comprobantes de pago; es decir, tres años y cuatro meses después de
haberse fundado, esta empresa recién inició sus operaciones comerciales. Para
el 24 de octubre del 2003, se inscribió en los Registros Públicos el Acuerdo de
Disolución y Liquidación de dicha empresa; o sea, estuvo hábil para desarrollar
actividades comerciales solamente un año y nueve meses; estando en la actualidad
con baja de oficio y con domicilio fiscal no hallado.
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Luis Enrique Fernández Estrella
también sacó su mordida |
Además, se le atribuye al acusado Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle, que
en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná, haber
ordenado al entonces Tesorero de dicha comuna, Eco. Rolando Luyo Alcala, el
pago a LUIS ENRIQUE FERNANDEZ ESTRELLA por la suma de S/. 14,400.00 (catorce mil
cuatrocientos nuevos soles), por concepto de asesoría legal externa que habría
realizado, pero que no existe documentación que efectivamente se prestó este
servicios. En efecto, mediante el contrato de locación de servicios no
personales suscrito entre la Municipalidad Distrital de Lunahuaná y Luis Enrique Fernández Estrella, de fecha
02 de enero del 2000, se acordó que dicha persona iba a realizar asesoramiento
legal externo en materia judicial y administrativa por el periodo del 02 de
enero del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2002 (tres años), por la suma de
S/. 600.00 mensuales, servicios que no se encuentran acreditados por los años
2000 y 2001; estando incurso en este delito el Tesorero por haber realizado el
desembolso de S/. 14,400.00 sin que exista documentación que sustente la
prestación efectiva de los servicios por dichos dos años.
CIRCUNSTANCIAS
PRECEDENTES
Sobre
el trabajo realizado por la empresa Asesores & Consultores – REFTEN SAC se
advierte que el 11 de septiembre del 2002 emitió a la Municipalidad Distrital
de Lunahuaná dos informes de fiscalización en torno a la Empresa Telefónica de
Perú SAA elaborados por el CPC Luis Alberto Beltrán Saavedra, el primero referido a la fiscalización del tendido de cables y
colocación de postes, y el segundo informe a la fiscalización de antenas, que
luego de las liquidaciones, resoluciones de determinación y resoluciones de
multa, se trabó embargo, vía ejecución coactiva por la suma de S/.
3´489,027.11, ocurrido en el año 2002, último año de gestión como alcalde
distrital de Javier Alvarado.
Se
simuló un concurso público para la designación de un Ejecutor Coactivo, el cual
en realidad no se realizó y fue contratado en forma directa conforme o ha
manifestado el propio ejecutor coactivo
designado, vulnerando lo dispuesto por el inciso 7.1 el artículo 7 de la Ley Nº
26979 – Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, del 23 de setiembre de 1998,
que establece el concurso público como requisito indispensable para la
designación del ejecutor coactivo.
Así
mismo, se aplicó un TUPA y un RAS no vigentes a la fecha de la ejecución de los
trabajos realizados por Telefónica del Perú SAA, años 1996 y 1997; aplicándose
el TUPA 2001 el cual no se encontró en los archivos de la Municipalidad ni fue
ratificado por la Municipalidad Provincial de Cañete, evidenciándose los medios
fraudulentos utilizados.
CIRCUNSTANCIAS
CONCOMITANTES:
Elaboración
de documentos como Resolución de Alcaldía Nº 050-A-2002-MDL, del 03 de Julio
del 2002, el Acuerdo de Concejo Nº 003-2002-MDL, del 18 de Julio del 2002, y la
Resolución de Alcaldía Nº 066-A-2002-MDL, del 16 de Septiembre del 2002, para
acreditar o probar la realización de un Concurso Público para la designación de
Lisandro Ricardo Zapata Corrales como ejecutor coactivo de la Municipalidad;
así como la aplicación de un TUPA y un RAS elaborado con posterioridad a hechos
pasados, evidenciándose actos fraudulentos para el cometido final.
Del
embargo a la Empresa Telefónica del Perú por la suma de S/. 3´489,027.11 nuevos
soles, la empresa REFTEN SAC se llevó S/. 1´221,153.45 nuevos soles. Del
restante que le correspondió a la Municipalidad Distrital de Lunahuaná de S/. 2´267,873.66
nuevos soles, se encuentra sustentado en gastos solamente S/. 252,748.40 nuevos
soles, de lo que se infiere la cantidad de S/. 3´236,278.71 nuevos
soles como el perjuicio ocasionado a la Municipalidad Distrital de Lunahuaná, monto que comprende el dinero indebido pagado a la empresa REFTEN SAC
y el monto que no se ha acreditado haber sido utilizado en obras proyectadas y
ejecutadas, conforme lo corroborado en el peritaje contable.
TIPIFICACIÓN,
PENA, REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS:
El
Fiscal Provincial ha acusado a Javier Alvarado por el delito de COLUSIÓN Y
PECULADO DOLOSO, previstos en los artículos 384 y 387 del Código Penal, solicitando
11 años de pena privativa de la libertad, una reparación civil de S/. 70,000.00
a favor de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná, además de inhabilitación de
tres años. Y para quien fuera Gerente General de REFTEN
SAC, Esteban Falcón Tenorio, le sigue con mayor pena propuesta. El Fiscal
Provincial ha pedido para este acusado del delito de COLUSIÖN, seis años de
pena privativa de la libertad y S/. 50,000.00 nuevos soles. Son en total diez
los acusados en este recaudicidio, quienes tendrán que afrontar un juicio oral
que, por lo menos a Javier Alvarado y a Rubén Falcón Tenorio, lo deben condenar
con prisión efectiva.
Es
que el crimen no paga, tarde o temprano, la justicia; aunque generalmente tarde
por la corrupción manifiesta en las autoridades encargadas de hacer justicia.
La aplicación del nuevo código procesal penal, es un cojudeo, pues si bien
antes los casos se hacían una eternidad en el poder judicial, ahora, la
eternidad se manifiesta en el Ministerio Público, donde los fiscales, tratan a
los imputados según el tamaño de sus billeteras.
El
proceso penal contra Javier Alvarado seguramente será tomado como un caso
académico en las escuelas de derecho, por ser uno de los más largos de la
historia penal, y por las tinterilladas que le han permitido evadir a la
justicia por tanto tiempo y postergar su ingreso a la cárcel; pero, como
ejemplo académico, no podría terminar en una absolución ni en una pena benigna
frente a una acusación penal sobre el cual merece una condena ejemplarizadora.
Estamos a la espera de que se haga justicia.
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